El pasado 13 de enero de 2004, la Comisión Europea adoptó una propuesta de Directiva relativa a los servicios en el mercado interior, elaborada por el Comisario F. Bolkestein.
La directiva se fundamenta en la conclusión de la Cumbre de Lisboa (2000) de convertir a la UE, de aquí al año 2010 en la economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo. Para realizar este objetivo y dado que el 70% del empleo y del PNB está generado por el sector servicios, se hace indispensable, a juicio de la comisión, realizar un auténtico mercado interior de servicios.
Su objetivo es crear un marco jurídico que suprima los obstáculos que se oponen a la libertad de establecimiento de los prestadores de servicios y a la libre circulación de los servicios en los estados miembros y que garantice la seguridad jurídica para el ejercicio de estas dos libertades reconocidas en el Tratado CE, para favorecer, asegura la comisión, los intereses de las PYMES y de los consumidores que, según su criterio, son los grandes perjudicados con la situación actual.
El ámbito de aplicación de la directiva se extiende a todos los servicios considerados como actividades económicas. La directiva excluye a los servicios de interés general no económico y por tanto "sólo" afectaría a los Servicios de Interés Económico General. Sin embargo, la ausencia de definición explícita de lo que es un SIG no económico y la definición de servicio como toda actividad económica no asalariada realizada normalmente a cambio de una remuneración sin que esto implique, necesariamente, que el servicio esté pagado por sus beneficiarios, es lo suficientemente ambigua como para que se pudiera aplicar a la mayor parte de los servicios públicos, además, entre los servicios que la directiva cita expresamente se encuentran los servicios sanitarios y de salud y los servicios sociales.
Tres son los elementos más preocupantes que se desprenden del análisis de esta directiva:
Se trata del mismo modo a todos los servicios, sean o no públicos o de interés general
Se limita fuertemente la capacidad de los estados miembros de reglamentar y controlar las actividades de los prestadores se servicios.
Con el establecimiento del principio del "país de origen" el prestatario del servicio estará sometido a la ley del país donde esté radicada la empresa prestadora del mismo. Esto supondrá, entre otras cosas:
Se favorecerá la deslocalización de empresas de servicios
Los trabajadores "desplazados" para realizar un servicio serán "controlados" por el país de origen y no por el país donde se presta el servicio, lo que impediría el control de sus condiciones de trabajo
Los convenios colectivos y acuerdos sectoriales podrían ser suprimidos en la práctica con la aplicación de esta directiva.
El Comité Federal del PCE considera que esta directiva es inaceptable y exige su retirada. Llama a sus organizaciones, militantes y amigos a promover cuantas acciones sean necesarias para informar y movilizar al mayor número posible de organizaciones y ciudadanos en defensa de unos servicios públicos universales, de calidad y desmercantilizados y apoya la euromanifestación del próximo día 19 de marzo en Bruselas.
En este sentido el CF del PCE:
Hacer un llamamiento a cuantas organizaciones sindicales, sociales y políticas se oponen a esta directiva para sumar esfuerzos en el rechazo a la misma mediante la constitución de plataformas unitarias allá donde sea posible.
Exigir a las instituciones de la UE, como ya hizo la CES, que antes de aprobar una directiva como ésta, elabore una directiva-marco sobre los SIG que permita a los estados miembro definir ellos mismos qué servicios considera importantes para el interés general y deben, por tanto, ser preservados de las normas de la libre competencia. Asimismo hay que exigir, como cuestión previa, la publicación y conclusiones del informe sobre las consecuencias de los procesos de privatización de los servicios públicos en varios países con claros efectos adversos sociales y económicos.
Dado que entre las competencias de la Unión no se encuentra la legislación laboral y salarial, que siguen siendo competencias exclusivas de los estados miembros, exigimos el respeto a las mismas por parte de las instituciones de la UE.
Los próximos días 7 y 8 de marzo se reúne el Consejo de la Competencia para reexaminar esta directiva dado el rechazo que está teniendo entre algunos estados miembros y las organizaciones políticas, sindicales y sociales. Ante esta reunión proponemos a nuestro grupo parlamentario que pregunte al gobierno cuál es su posición ante esta directiva y cuál va a ser su posición en dicha reunión.
Madrid, 26 de febrero del 2005
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